Bogotá D.C., 9 de septiembre de 2024. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, en sentencia de primera instancia del 30 de agosto del año en curso, negó las pretensiones de la Federación Colombiana de Municipios - Fedemunicipios conforme a la cual buscaba percibir un porcentaje de las multas que recaude con el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito -SIMIT- una vez este fuera implementado. El demandante buscaba la reparación de perjuicios por la falta de transferencia del 10% del valor de todas las sanciones y multas por infracciones de tránsito impuestas desde 2002, lo que sumaba, junto con intereses causados a octubre de 2017, un total de $358.741 millones.
Gracias a una defensa judicial articulada entre la Secretaría Distrital de Hacienda, la Secretaría Distrital de Movilidad y la Secretaría Jurídica Distrital se logró demostrar que, aquellas multas y sanciones que los entes territoriales recauden directamente, como es el caso de Bogotá desde hace unos años, no pueden ser objeto de un gravamen por parte de Fedemunicipios ya que esta no está prestando ningún servicio.
Así mismo, el Tribunal manifestó que, frente al período de 2002 al 25 de agosto de 2015 en donde el SIMIT prestó un servicio a Bogotá, operó la caducidad. Es decir, que transcurrió el término que otorga la ley para la reclamación judicial de la reparación.
En este sentido, el Tribunal manifestó que no se probó el daño antijurídico, ya que, la Alcaldía Mayor de Bogotá ha venido recaudando recursos sin apoyo ni cooperación del SIMIT y aquello en lo que este apoyó en su momento, ya no le asiste derecho, por lo que no adeuda pago alguno.
Esta decisión resulta favorable para Bogotá, que desde hace varios años inició un camino judicial para demostrar que no debe trasladar recursos a Fedemunicipios por las multas que recauda directamente, logrando consigo un ahorro muy importante para el patrimonio Distrital cuantificado a la fecha en $358.741 millones.
El Distrito está preparado para responder a cualquier recurso que se interponga sobre esta decisión y a defender ante el Consejo de Estado los intereses de Bogotá.
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